Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.
Estamos expectantes ante la nueva ley de riesgos del trabajo, que es el mayor problema del mercado de seguros. El sistema cumplió su rol de protección de la vida y de la salud de los trabajadores y hoy, lamentablemente, está en una situación crítica por intereses de legislación y de sectores parasitarios que lo han usufructuado.
El 2016 fue año en donde el gobierno provocó una apertura controlada de las diferentes variables económicas y un regreso del país al escenario internacional. Los principales puntos fueron el levantamiento del cepo cambiario, que se hizo sin movimientos traumáticos y con prolijidad, y el arreglo con los holdouts. Estos dos aspectos eran necesarios para la normalización de la economía. También hay que destacar la reactivación del circuito de pagos y de la obra pública en infraestructura, que se percibió a partir del segundo semestre.
Aun así, creemos que todavía hay puntos que necesitan solución, como el tema de las tarifas. Si bien hubo una intencionalidad del Gobierno de terminar con las distorsiones que había en la materia, el manejo político pareció no ser el adecuado y terminó con la intervención de la Corte Suprema, lo cual obligó a mantener un déficit fiscal elevado, el principal problema actual. En definitiva, se distingue un clima de mayor diálogo y previsibilidad, pero todavía hay cuestiones estructurales por resolver y va a llevar tiempo lograrlo.
En este contexto, nuestro grupo está dentro de las generalidades de la ley. Sin duda, nuestra mayor penetración se da en el interior, en las economías regionales y sus ciudades, que se vieron favorecidas por el cambio de política tributaria en favor de las exportaciones de granos. Esto no solamente impacta en el productor agropecuario, sino también sobre toda la actividad de la región. La disminución de las retenciones a la soja y otros granos y cultivos tuvo un impacto fuerte en el interior, del cual nosotros abrevamos. La activación del campo es lo que necesita la Argentina. El déficit fiscal se arreglará por el lado del crecimiento y no tanto por la reducción de gastos y, por ello, creemos que era fundamental poner en marcha la economía.
En cuanto al mercado de seguros, debemos reconocer que venía funcionando bien, a diferencia de otros sectores que necesitaban de una acción urgente. Se trabajó desde comienzos de año para corregir algunas distorsiones antinaturales respecto de la actividad. En este sentido, las novedades en materia de reaseguradores locales, mostrando una apertura hacia el mundo de manera paulatina y ordenada para ser capaces de competir a nivel internacional, ha sido un paso correcto. Su actual protección es necesaria, pero debe haber una liberalización progresiva para evitar las ineficiencias.
Por otra parte, creemos que la reciente legislación de fondos sobre las aseguradoras locales y el aumento en los capitales mínimos fue necesaria y positiva. También hay que destacar la muestra de respeto a la seguridad jurídica. Más allá de quién ocupe el manejo del Estado, es importante que haya una continuidad jurídica coyuntural que no se deshaga cada cinco años.
Asimismo, se trabajó positivamente sobre las sumas de responsabilidad civil automotor, aumentando la protección de los asegurados, y en mecanismos de control del mercado, donde nosotros siempre hemos insistido en establecer premios y castigos para su buen funcionamiento. Todo lo que acompañe a una mejora de la solvencia y una mayor protección del asegurado siempre contará con nuestro apoyo.
En otro orden de cosas, estamos expectantes ante la nueva ley de riesgos del trabajo, que es el mayor problema del mercado de seguros. El sistema ha presentado claros avances en materia de prestaciones y de prevención de riesgos. Desde su creación se ha reducido un 50% la cantidad de muertes por accidentes del trabajo. Cumplió su rol de protección de la vida y de la salud de los trabajadores y hoy, lamentablemente, está en una situación crítica por intereses de legislación y de sectores parasitarios que han usufructuado el sistema.
