Los aumentos generalizados de tarifas anunciados a comienzos de abril pueden ser recibidos con beneplácito por aquellos que impulsan un enfoque de shock para resolver los numerosos e importantes problemas que presenta la economía, pero son un motivo de preocupación para quienes creemos que se debe avanzar con cautela en un país en el que cualquier paso en falso puede determinar rápidamente el fracaso de una administración.
Resulta difícil discutir la necesidad y la justicia de estos aumentos tarifarios. El enorme déficit fiscal, que es una espada de Damocles que pende sobre el futuro de la economía, y el carácter regresivo en términos distributivos de los subsidios vigentes tornan imperativa una medida de este tipo. Las dudas surgen al analizar el momento elegido.
En plena temporada de negociaciones salariales, inevitablemente, estos incrementos tarifarios van a ser contemplados seriamente a la hora de los reclamos por parte de los líderes sindicales y pueden determinar aumentos mayores que los que se hubieran concretado de otro modo. Nadie puede asegurar que si los anuncios se hubieran efectuado luego de las paritarias no hubiera habido una reapertura de las mismas, pero da la impresión de que, planteada de esta manera, la jugada es más riesgosa.
Los mayores aumentos salariales que esto puede provocar sumarán presiones inflacionarias, con lo que esto puede significar en términos de expectativas y de confianza en un gobierno que insiste en una proyección de incremento de los precios para este 2016, cada vez más difícil de cumplir, del 25%. Y pueden obligar a las autoridades a extender en el tiempo e, incluso, incrementar la rigurosidad de una política de tasas de interés que golpea fuertemente a la actividad económica y desalienta toda posibilidad de recuperación.
Uno imagina que, con la pérdida de ingresos provocada por la eliminación de las retenciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, más la perspectiva de una merma mayor con las modificaciones adicionales que se pretende introducir a ese tributo en el Congreso y los proyectos para reducir el IVA a los productos de la canasta básica, el panorama para cumplir con el objetivo de déficit fiscal para el 2016, presentado por el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas en enero, lucía sombrío y que se intentó mejorar esta situación. Pero con otro error no se corrige un error previo y ésta es la sensación que deja la decisión de aumentar las tarifas del modo en que se lo hizo.
Indudablemente, el Gobierno quedó arrinconado en su propia retórica. Tanto viene insistiendo en que en el segundo semestre va a haber un cambio de tendencia en la inflación que, cuando vio que los números no le cerraban de ningún modo, se sintió en la obligación de adelantar todas las decisiones tarifarias, que hubieran tenido un efecto negativo sobre esa posibilidad.
No se puede asegurar que la jugada le va a salir mal pero, después de haber tenido éxito con la salida del cepo cambiario y la fuerte devaluación consecuente, la eliminación de las retenciones, el fuerte aumento de las tarifas de electricidad y de haber logrado una importante victoria política con la aprobación del acuerdo con los holdouts, uno se pregunta si no hay un exceso de confianza en la administración que la está llevando a perder el sentido de la realidad y abusar excesivamente de su suerte.
