El resultado anticipado de las elecciones legislativas de medio término deja planteadas condiciones únicas para un acuerdo de las principales fuerzas políticas sobre ciertos lineamientos básicos que son esenciales para que la economía argentina salga del estancamiento en el que se encuentra hace ya 10 diez años.
Con el objeto de poner en marcha la inversión privada necesaria para iniciar un nuevo ciclo de crecimiento económico se debe recomponer la rentabilidad empresaria y darle un horizonte de previsibilidad.
Y, para ello, se requiere un conjunto de medidas como, por ejemplo, la normalización del mercado cambiario, la reducción de la carga tributaria que asfixia al sector privado y la recuperación de la solvencia fiscal, que implica, entre otras cosas, la actualización de las tarifas de los servicios públicos. Y, en un plan más ambicioso, la reforma del sistema previsional y la modificación de las leyes laborales Todas estas medidas tienen un costo político importante que podría ser compartido por las dos coaliciones mayoritarias a través de algún tipo de acuerdo o compromiso, con beneficios significativos para ambas partes. Para el Gobierno, que quedaría muy debilitado tras la derrota electoral, sería una oportunidad para avanzar con el reordenamiento de la economía y evitar dos futuros años durísimos, de bajo crecimiento y aumento de la inflación, que provocarían un gran malestar social y un gran desgaste del peronismo.
Para la oposición, sería una oportunidad de sentar las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento para los próximos años y evitar tener que hacerse cargo de la papa caliente dentro de 24 meses.
La emergencia social justifica un evento de esta clase, con pocos antecedentes en la historia de nuestro país, que puede ser presentado ante los votantes de cada partido como un hecho
excepcional dirigido a enfrentar la situación dramática en la que nos encontramos. Sin lugar a dudas, un acuerdo de estas características sería valorado y comprendido por la mayor parte de la sociedad y ayudaría a vencer importantes resistencias que impiden modernizar la economía. Un estancamiento económico de 10 diez años, una pobreza que afecta a más del 40% de la población y una inflación de más del 50% anual exigen gestos de grandeza por parte de los dirigentes. Ey evadir esta responsabilidad debería ser un motivo de desaprobación social.
En definitiva, tras las elecciones del 14 de noviembre, las principales fuerzas políticas van a tener que elegir entre dos opciones: ver los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández como un periodo de transición en el cual se pueden sentar las bases para el crecimiento económico de la próxima década, o como una lenta agonía de consecuencias impredecibles que va a dejar una ardua labor por delante para el que venga después.