Una de las consecuencias positivas que tuvo la derrota del Gobierno en las últimas elecciones fue que parece haber desencadenado el final del último capítulo de la larga saga de conflictos entre el peronismo y el campo.

Pocos días después de los comicios el Gobierno comenzó a desarmar las trabas a las exportaciones de carne, el eje de la última disputa entre estos viejos enemigos. Y no sólo eso. El presidente Alberto Fernández también presentó un proyecto de ley para crear el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, una propuesta con la que se apunta a generar 700.000 puestos directos, exportar 100.000 millones de dólares y producir 200 millones de toneladas hacia el 2030.

En la presentación de esta iniciativa, Fernández invitó a “terminar con el desencuentro”. Este es, sin dudas, un punto clave para el crecimiento de la economía argentina en las próximas décadas. Desde la primera presidencia de Juan Perón, en la segunda mitad de la década de 1940, el peronismo ha hecho una contribución importante a la hostilidad y el sesgo negativo que tuvo la política económica argentina en contra del campo, en particular, y el sector exportador, en general, un factor esencial para entender el pobre desempeño de nuestra economía desde entonces.

En la primera presidencia de Perón se estableció el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), que monopolizaba la comercialización de granos. Este organismo adquiría los granos a un precio sustancialmente inferior al internacional, eso posibilitaba una importante transferencia de ingresos del campo a las clases urbanas. A la actividad de esta entidad, se sumaba un riguroso régimen de control de cambios y fuertes restricciones a las importaciones, que desalentaban cualquier proyecto exportador.

Tras las idas y vueltas que hubo en las décadas intermedias, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (en 2008) se reeditó este conflicto con la recordada resolución 125, con la que se pretendía imponer un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de soja y que no pudo ser aprobada en el Congreso tras el histórico voto negativo del entonces vicepresidente Julio Cobos.

Sin un sector exportador dinámico es imposible que la economía argentina ingrese en un sendero de crecimiento sostenido. Sin él, cualquier impulso que se logre va a chocar, tarde o temprano, con una escasez de divisas, como ha sucedido en numerosas ocasiones durante las últimas décadas. Por eso, es bienvenido que la principal fuerza política del país inicie una reconciliación con el principal sector exportador.

Desde ya, para que este acercamiento dé frutos, no alcanza sólo con la eliminación de las trabas a las exportaciones de carne o el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial. Se debe levantar los controles cambiarios, las restricciones a las importaciones y recuperar la solvencia del sector público, de manera de despejar la amenaza de nuevas subas impositivas. Pero se ha dado un paso en la dirección correcta.