Al cierre de esta edición el Gobierno se encontraba cerca de un acuerdo con los tenedores de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera, un tema al que presenta como un punto de inflexión para que la economía argentina entre en la senda del crecimiento. El propio presidente Alberto Fernández señaló en relación a esto a principios de mes que “si se resuelve el problema de la deuda, el despegue de la economía argentina va a ser magnífico”.
Pero si bien este será un logro que debe ser festejado, un acuerdo con los acreedores, por más satisfactorio que resulte, es apenas un primer paso en el largo camino que se debe transitar para poner a la economía en marcha tras nueve años de estancamiento, un camino que se ha tornado más arduo con las complicaciones generadas por la pandemia de coronavirus.
Este camino involucra configurar una estructura de precios relativos que brinde incentivos para la inversión privada, en particular en el sector exportador. Para ello es esencial alcanzar la solvencia fiscal e imponer límites claros a la intervención del estado en los distintos mercados, tanto a través de la tributación como de medidas regulatorias.
Lamentablemente, con el justificativo de la emergencia sanitaria, en las últimas semanas el Gobierno viene avanzando en la dirección opuesta en estos aspectos, sembrando serias dudas sobre la posibilidad de un “despegue magnífico” en los próximos años.
Por añadidura, las medidas adoptadas desde el establecimiento de la cuarentena también agravaron el problema de credibilidad, que desde el inicio arrastró esta administración y que plantean un obstáculo adicional. Aun cuando se avanzara en la dirección correcta, siempre va a existir la desconfianza de que, en caso de necesidad política, en cualquier momento se puede venir un nuevo manotazo hacia los recursos del sector privado, como sucedió en el pasado con el proyecto de las retenciones móviles o la nacionalización de las AFJP y en las últimas semanas con el proyecto de ley del impuesto a la riqueza, los límites a los precios y a las tasas de interés y la expropiación de Vicentin. Este temor latente, que debe ser despejado por las autoridades, es un elemento disuasivo para la inversión privada y puede frenar el crecimiento en los próximos años.
Pero, mirando el lado medio lleno del vaso, si bien con el avance en la solución del problema de la deuda la administración peronista no va a poner en marcha un despegue de la economía, al menos va a lograr alejar un poco a la Argentina del caos económico hacia el cual se dirige desde el estallido de la pandemia, como consecuencia de la enorme masa de dinero que imprimió el Banco Central para financiar las medidas orientadas a morigerar los efectos de la misma sobre la economía. Al mejorar la solvencia fiscal, un acuerdo con los acreedores ayudará a recuperar la confianza que se necesita para evitar que esa masa de dinero siga presionando sobre el dólar y termine disparando una nueva aceleración de la inflación.
