Cada vez más, las sociedades demandan un desarrollo económico sostenible. Para dar respuesta a esta necesidad existen instrumentos financieros, como los bonos sociales, cuyos fondos están dirigidos a financiar o refinanciar, de forma total o parcial, proyectos que buscan mejorar el entorno social, ya sean iniciativas que surgen de cero o que se encuentran en marcha y apuntan a continuar creciendo.
Cada vez más, las sociedades demandan un desarrollo económico sostenible. Para dar respuesta a esta necesidad existen instrumentos financieros, como los bonos sociales, cuyos fondos están dirigidos a financiar o refinanciar, de forma total o parcial, proyectos que buscan mejorar el entorno social, ya sean iniciativas que surgen de cero o que se encuentran en marcha y apuntan a continuar creciendo.
Recientemente, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la creación de un régimen simplificado y garantizado de emisiones de obligaciones negociables con impacto social. Esta nueva normativa permitirá que entidades intermedias y organizaciones no gubernamentales ONG) accedan a la posibilidad de ingresar a la oferta pública y obtener recursos del mercado de capitales que tengan como destino final el financiamiento de emprendimientos con impacto social.
La instrumentación de los bonos sociales se rige por los Principios de los Bonos Sociales (SBP, por sus siglas en inglés), definidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales ICMA, por sus siglas en inglés). Promueven la integridad y la transparencia en el desarrollo de este mercado.
Ya hubo nueve emisiones, entre las que se destacan las recientes que protagonizaron organizaciones civiles como un Techo para Argentina y Sumatoria.
En línea con ello, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) desarrolló un reglamento y una guía para la emisión y el listado de bonos vinculados a la sostenibilidad (VS). Les dará visibilidad en un panel específico y, posteriormente, podrán transaccionarse en los mismos sistemas que el mercado provee para la negociación de los distintos valores.
Se trata del primero de estas características del mercado argentino, como parte de una iniciativa realizada en conjunto con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que busca proporcionar una nueva forma de financiamiento y fomentar que las empresas y entidades contribuyan a la sustentabilidad, desde una perspectiva social, medioambiental y de gobernanza.
Principios de este instrumento
La instrumentación de los bonos sociales se rige por los Principios de los Bonos Sociales (SBP, por sus siglas en inglés), definidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Los mismos promueven la integridad y la transparencia en el desarrollo de este mercado.
De acuerdo con sus lineamientos, se debe apoyar proyectos que tengan como objetivo solucionar o mitigar una cierta problemática social, o bien conseguir resultados positivos para determinados grupos de población. Según la definición de ICMA, un problema social es aquel que amenaza, obstaculiza o daña el bienestar de la sociedad o de una comunidad específica.
Se reconoce que las poblaciones objetivo pueden variar dependiendo de los contextos locales y que, en algunos casos, también pueden ser atendidas abordando el público en general.
Los proyectos deben quedar englobados en una o más de las siguientes categorías: la financiación de infraestructura básica (como agua potable, alcantarillado y saneamiento); acceso a bienes y servicios de primera necesidad (como salud, educación, formación profesional, atención médica y sistema financiero); generación de empleo y programas diseñados para prevenir o aliviar el desempleo derivado de crisis socioeconómicas; y seguridad alimenticia sustentable con alimentos nutritivos que satisfagan las necesidades dietéticas.
Cuando los proyectos tienen beneficios medioambientales, se habla de bonos verdes. Y cuando la recaudación persigue propósitos sociales y medioambientales, se denominan bonos sostenibles.
También se incluyen prácticas agrícolas resilientes; reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos; mejora de la productividad de pequeños productores; avances socioeconómicos y empoderamiento a través del acceso equitativo a recursos y oportunidades, incluida la reducción de la desigualdad de ingresos.
Los SBP recomiendan que tanto el procedimiento como la publicación sean claros por parte de los emisores, de tal manera que inversores, bancos, suscriptores, agentes de colocación y arrangers los puedan comprender fácilmente.
A su vez, se aconseja que los emisores designen uno o más proveedores de revisión externa para evaluar, antes de la emisión, la alineación del bono social con los componentes principales de los SBP. Se debe tener en cuenta el uso que se les dará a los fondos, los criterios de selección de los proyectos e informes de gestión y avances.
Cuando los proyectos tienen beneficios medioambientales, en ese caso se habla de bonos verdes. Y cuando la recaudación persigue propósitos sociales y medioambientales, se denominan bonos sostenibles.
La emisión de Techo, un caso emblema
En octubre, Un Techo para Argentina protagonizó la primera colocación exitosa de un bono social de una asociación civil en el país por 18 millones de pesos que, debido a sus características inéditas, implicó un hito para la CNV y para el mercado de capitales nacional.
La emisión de obligaciones negociables (ON) garantizadas clase I recibió ofertas que superaron el monto base y se colocó a una tasa de interés BADLAR, cuyo último cierre fue del 31,94% anual, “demostrando el interés y el compromiso de los inversores por este tipo de propuestas con un fuerte impacto social”, indicó al respecto la Comisión. La emisión tiene un plazo de 48 meses.
Los fondos tienen como destino la construcción de una fábrica propia para producir viviendas que la asociación civil instala habitualmente en los 84 asentamientos que asiste. La propuesta se enmarca en un acuerdo generado entre la CNV y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).
La colocación se realizó a través de BYMA Primarias, el sistema de colocaciones de BYMA que cuenta con una visibilidad diferencial para estos instrumentos. La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) asumió el rol de agente de calificación de riesgos. En ese carácter, evaluó el instrumento y concluyó que “se encuentra alineado a los componentes de los SBP”.
La ON cuenta con el respaldo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) ArgenPymes, Crecer y Acindar Pymes, mientras que los colocadores (que lo hicieron sin cobrar por ello) fueron Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco Santander y Allaria Ledesma.
De acuerdo a la CNV, “la exitosa colocación de Techo es el resultado de muchas horas de trabajo y el compromiso de personas que están convencidas de que, con un objetivo claro, el sector público y el privado pueden vencer obstáculos que, a veces, parecen insalvables”. En esa línea, la entidad resaltó que “la agenda de participantes crece cada semana, con la suma de aliados para que este proceso gane escala y sostenibilidad”.
“Nos resulta imprescindible conseguir recursos del mercado de capitales para que, combinado con otros provenientes de la filantropía tradicional, podamos generar un financiamiento accesible y que se disponga al servicio del bien común.” Matías Kelly, referente de emprendimientos sociales y fundador de Sumatoria.
Al respecto, el presidente de BYMA, Ernesto Allaria, consideró: “Nos llena de orgullo la incorporación al Panel SVS de BYMA de una ON proveniente de una asociación civil como Techo. Esta novedad da cuenta del creciente interés de los emisores locales por la sustentabilidad. Seguiremos trabajando para crear las condiciones que promuevan un impacto social positivo cada vez mayor en la Argentina”.
Techo, de origen chileno, se encuentra presente en 19 países y trabaja con el objetivo de superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares. En la Argentina, ya participaron más de 165.000 personas involucradas en construcciones y eventos masivos que organiza la entidad, que lleva realizadas más de 14.800 viviendas, en coordinación con actores del Gobierno.
“Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un problema grande de desarrollo institucional, porque sufrimos limitaciones para acceder a los instrumentos de financiamiento clásicos, que en general han sido pensados y diseñados para empresas con fines de lucro”, afirma el presidente de Techo Argentina, Virgilio Gregorini.
En ese sentido, el titular de la fundación sostiene que con esta “innovadora emisión” se espera marcar un antes y un después” en el acceso a financiamiento para el sector social en la Argentina, “que está muy ávido de inversiones para desarrollarse”.
Anteriormente, hubo otras cuatro emisiones. La primera fue en 2020, en medio de la pandemia, por 3.900 millones de pesos de la mano de Banco Ciudad que, con el objetivo de reforzar la asistencia social en el marco del coronavirus, lanzó esta iniciativa, cuyo destino fue el otorgamiento de líneas de crédito para prevenir y contrarrestar el impacto de la COVID-19.
La segunda fue también ese año por 3 millones de dólares y tuvo como emisor a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA), una entidad de segundo grado que nuclea a cooperativas primarias, con su fideicomiso financiero para la compra de insumos para pequeños productores vitivinícolas.
La tercera fue por 2.033 millones de pesos, en el marco de un fondo común de inversión (FCI) cerrado inmobiliario que presentó Pellegrini, con “el objetivo de obtener la apreciación del valor de su patrimonio mediante la inversión en activos inmobiliarios y su posterior administración o venta”, según explicaron.
En tanto, la anterior a la de Techo fue por 100 millones de pesos y tuvo como emisor a Sion, prestador de servicios de telecomunicaciones. En esta ocasión, los fondos serán destinados a inversiones de equipamiento, que incluyen modems e infraestructura de red para el desarrollo de su “Proyecto social de acceso a Internet”, que busca mejorar este servicio en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y San Juan, provincias que actualmente abarcan a 50.000 hogares en los que los accesos fijos son deficientes.
El caso Sumatoria
La emisión de Sumatoria fue otro caso distinguido luego de la de Techo. Esta vez, la colocación de las ON garantizadas Clase I y II fue por 30 millones de pesos en total, con ofertas que casi duplicaron el monto ofrecido. La propuesta busca generar un puente entre inversores del mercado de capitales y el ecosistema de impacto, para ampliar el crédito que se le destina. De esta manera, la entidad busca apoyar a iniciativas de emprendedores y compañías que aporten soluciones para un modelo social más inclusivo y sostenible.
En ese sentido, los recursos serán destinados a organizaciones que brindan inclusión financiera a personas que se encuentran excluidas del sistema tradicional, proyectos de triple impacto, apoyo a la empleabilidad de personas con discapacidad, desarrollo local y productivo en territorios aislados del país, mejora de las viviendas en barrios populares, y economía circular y reciclado.
La descarbonización de las carteras de inversión es un aspecto clave en pos de alcanzar no solo un impacto medioambiental positivo en plena crisis climática sino, además, generar un impacto beneficioso para la comunidad.
“Nos resulta imprescindible conseguir recursos del mercado de capitales para que, combinado con otros provenientes de la filantropía tradicional, podamos generar un financiamiento accesible y que se disponga al servicio del bien común”, sostuvo Matías Kelly, referente de emprendimientos sociales y fundador de Sumatoria.
“En este caso, logramos que los inversores canalicen sus ahorros hacia una entidad de microcrédito que conoce y tiene cobertura en los territorios locales, a demandantes de crédito muy pequeños y sin acceso a otras posibilidades. La estructura que se logró articular permite que el mercado de capitales, de manera indirecta, sea una fuente de recursos inédita para la reconstrucción del entramado social y económico del país”, explicaron desde la CNV.
Este año hubo otras tres emisiones. La primera estuvo a cargo de Edenor, por 38 millones de dólares. El objetivo es ampliar el acceso de la comunidad a la red eléctrica y a los programas de consumo eficiente, con énfasis en los sectores de ingresos bajos, incluidos los individuos que cumplen con los requisitos para acceder a la tarifa social.
En esta iniciativa se incluye el desarrollo de infraestructura para usuarios de medidores inteligentes de electricidad (MIDE), con la instalación de infraestructura relacionada con estos artefactos para permitir tanto a clientes existentes como a nuevos que se registren como usuarios MIDE.
Por último, Sion emitió otros dos bonos sociales este año: uno por 300 millones de pesos y otro por 195 millones de pesos. Similar al anterior caso, los recursos obtenidos serán empleados en la construcción de nuevas redes de acceso a Internet o la readecuación de las existentes, para mitigar la carencia de infraestructura en las zonas seleccionadas; como así también la refinanciación de compras de equipamiento ya realizadas para ser aplicadas a su proyecto.
Descarbonización de carteras
La descarbonización de las carteras de inversión es un aspecto clave en pos de alcanzar no solo un impacto medioambiental positivo en plena crisis climática sino, además, generar un impacto beneficioso para la comunidad.
Es por eso que, para acompañar iniciativas sociales, surgen este tipo de propuestas que contemplan un enfoque sustentable. En ese sentido, Banco Galicia lanzó su primer FCI FimaSustentableASG, como un nuevo paso hacia la consolidación de finanzas cuyo impacto genere valor de forma concreta.
Se vehiculizará a través de Galicia Asset Management, firma dedicada a la administración de FCI Fima desde 1960. Esta empresa posee un equipo de profesionales especializados en la administración de carteras diseñadas para satisfacer la demanda de inversores individuales, empresas e institucionales.
Se trata de un fondo en pesos, compuesto mayoritariamente por activos locales que buscan generar retornos para el inversor en el largo plazo. La clasificación del fondo es de renta fija en pesos y los inversores interesados deberán tener un perfil de moderado a arriesgado para poder participar. La operatoria se puede realizar por distintos canales: el online banking, el office banking o la aplicación móvil de la entidad. El rescate se acredita a las 72 horas hábiles.
Este lanzamiento se enmarca en la estrategia de sustentabilidad de Banco Galicia, bajo la convicción de que el negocio solo podrá desarrollarse en tanto se considere el ambiente y el entorno social en el que realiza sus actividades.
