A la luz de lo que sucedió en el 2016, en el que las expectativas de muchos respecto a los avances que se iban a lograr en materia económica se vieron, en mayor o menor medida, defraudadas, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿Puede un gobierno con ambiciones de continuidad corregir problemas tan graves como los que heredó la administración actual?

Cuesta encontrar en la historia económica argentina de las últimas décadas un gobierno que haya aplicado un programa de ajuste exitoso, entendiendo como tal a un programa que haya restablecido ciertos equilibrios macroeconómicos básicos, generando las condiciones para un crecimiento sostenible de la economía. Los que vienen inmediatamente a la cabeza son el Plan de Convertibilidad aplicado por Domingo Cavallo a partir de abril de 1991 y las gestiones de Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna a partir de comienzos de 2002. Al primero de estos casos lo podemos tomar con ciertas reservas, dado que las rigideces monetarias que incorporó fueron el germen de la crisis siguiente, pero es el período más largo en cerca de 70 años con una inflación de un dígito y eso es un logro que no se puede despreciar y que podría haber sido aprovechado con excelentes resultados, si se hubieran aplicado
las políticas adecuadas luego de la salida del régimen.

Pero un hecho distintivo y característico de esos programas es que fueron aplicados luego de crisis traumáticas que habían generado en la sociedad una gran demanda de cambio y una predisposición a asumir ciertos sacrificios. Por ejemplo, el Plan de Convertibilidad se aplicó tras una caída del 12,7% del PBI y del 25% del salario real entre 1987 y 1990; y la devaluación y las medidas de estabilización del 2002 se tomaron tras una recesión que se había extendido durante 3 años y que había llevado el índice de desocupación a más del 17% en el 2001, sin olvidar también la crisis financiera que se había desarrollado a lo largo de ese año y que había llevado a la aplicación de restricciones al retiro de los depósitos bancarios, a finales de ese año. Es decir, la evidencia histórica indicaría que, para aceptar la aplicación de medidas económicas que tienen un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de sus salarios o que implican la pérdida de empleos o de beneficios para un sector de la población, los argentinos tienen que estar tocando fondo, tienen que verse sumidos en una crisis de magnitud, y las autoridades no deben poder encontrar otra salida posible.

Si la historia fuera a repetirse, algo que no necesariamente debe ser así, esto significaría que la administración actual continuará en líneas
generales por el camino que trazó en este primer año de gestión. Apelará al endeudamiento hasta donde los mercados de capitales se lo permitan y sólo realizará correcciones fiscales y de precios relativos significativas si se ve obligada por las circunstancias.

Es imposible predecir el futuro, pero lo que sí se puede afirmar es que si, como algunos esperan, el Gobierno avanza con el ajuste que aplicó
con cuentagotas en su primer año de gestión luego de las elecciones del año que viene y tiene éxito en la aplicación del mismo, será el primero
en décadas en lograrlo y se ganará un lugar de privilegio en la historia.