El Banco Mundial (BM) advirtió que billones de dólares que podrían ser destinados a combatir el cambio climático son desperdiciados en dañinos e innecesarios subsidios a nivel internacional.
«Se dice que no hay dinero para el clima pero hay, sólo que está en los lugares equivocados», dijo Axel van Trotsenburg, director del Banco Mundial en una nota.
«Si pudiéramos redireccionar los billones de dólares despilfarrados en subsidios y darles un uso mejor y más ecológico, podríamos abordar muchos de los retos más acuciantes del planeta», añadió.
El informe Banco Mundial señala que, actualmente, se conceden 1,25 billones de dólares anuales en subvenciones directas a los sectores agrícola, pesquero y de combustibles fósiles.
Subsidios implícitos
Los subsidios a los combustibles fósiles representan casi seis veces lo que los países se comprometieron a destinar anualmente en el Acuerdo de París para energías renovables y desarrollo bajo en carbono, dijo la entidad.
El banco señaló que anualmente se gastan seis billones en «subsidios implícitos». Y que, además, esos subsidios implícitos representan «costos para la gente y el planeta», debido a que, finalmente, terminan en emisiones de gas de efecto invernadero, congestión de caminos y destrucción de la naturaleza.
Reformar los subsidios puede «eliminar incentivos distorsionados que obstaculizan los objetivos de sostenibilidad, pero también puede desbloquear una importante financiación nacional para facilitar y acelerar los esfuerzos de desarrollo sostenible», afirmó el Banco Mundial.
La Unión Europea pide más transparencia
Por otro lado, la Comisión Europea propuso regular en la Unión Europea a las agencias de calificación que ponen nota a las empresas en función de su desempeño en materia medioambiental, social y de gobernanza para evitar conflictos de interés; y multar con hasta un 10% de su facturación anual a aquellas que incumplan.
Bruselas propone, en concreto, que estas agencias tengan que separar el negocio de rating medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de otras actividades con las que pueda surgir un conflicto de interés, como servicios de consultoría, la emisión de calificaciones crediticias, el desarrollo de índices de referencia, actividades de inversión, auditoría, banca, seguros o reaseguro.
«Esta área ahora está completamente desregulada y es muy difícil comparar información entre las agencias de rating e interpretar qué significan. No tenemos claridad sobre cómo se llega a estas calificaciones o qué miden y parece haber problemas de conflictos de interés», explicó la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en una rueda de prensa.
El reglamento propuesto busca hacer estos ratings más «transparentes, comparables y fiables» y asegurar que las calificaciones sean «independientes, objetivas y de calidad».
Blanqueo ecológico
La idea detrás de la evaluación de los criterios ESG es identificar a aquellas compañías con buenas prácticas para orientar a los inversores que quieran poner su dinero en empresas responsables en estos ámbitos, pero su rápido crecimiento sin regulación específica ha generado el temor de que algunas compañías estén exagerado sus credenciales en materia de sostenibilidad y llevando a cabo lo que se conoce como «blanqueo ecológico».
Para paliarlo, Bruselas plantea que las agencias tengan que publicar información sobre sus metodologías, modelos y supuestos al hacer las clasificaciones que usan para cada producto o actividad y, aunque no apuesta por armonizarlas, llama a que las metodologías sean «rigurosas, sistemáticas, objetivas y sujetas a validación» y que, además, puedan ser revisadas al menos una vez al año.
En 2022, los fondos de inversión a nivel global gestionaron 18,4 billones de dólares en activos calificados como ESG, y se prevé que para 2026 aumenten hasta los 33,9 billones de dólares, por encima del mercado en general, y que el incremento en Europa sea del 53% hasta los 19,6 billones de dólares, según datos de la consultora PWC.
