En los primeros 7 meses del año el déficit fiscal primario se redujo en términos reales en apenas un 1,8% en relación al mismo período del 2015. Teniendo en cuenta el punto de partida, con un déficit financiero en torno al 7% del PBI y el hecho de que, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones legislativas del año que viene, las presiones por un mayor gasto se van a ir incrementando, el panorama no parece el más halagüeño.
Pero, quizás, lo más preocupante no son estos fríos números que, dado el aparentemente abundante financiamiento disponible y los resultados más o menos abultados que puede brindar el blanqueo de capitales, no plantean una particular urgencia, sino la sensación de que existe una cierta inconsciencia social en relación con el uso de los recursos públicos y, lo que es más importante, no hay ningún intento por parte de la autoridades de plantear un debate amplio y sostenido sobre esta cuestión.
Esta inconsciencia social se ha manifestado en forma evidente ante los esfuerzos del Gobierno por readecuar el marco tarifario de los servicios públicos, más allá de la torpeza y la incapacidad para diseñar los aumentos de manera satisfactoria que mostraron los funcionarios responsables. Fuera de los ámbitos especializados, es difícil encontrar personas que comprendan cabalmente la necesidad y la justicia de reducir la enorme carga de subsidios que pesa sobre el erario público. A muchos ciudadanos, por no decir la gran mayoría, les cuesta entender que el costo que no se asume hoy en forma voluntaria y ordenada se enfrentará mañana en forma involuntaria y caótica y, por ende, con un grado mucho mayor de injusticia.
Es fundamental que las autoridades le expliquen claramente a la sociedad cuál es el estado de las cuentas públicas y porqué es importante ordenarlas. Y que, a partir de esto, plantee un serio debate que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales para encontrar la manera más justa, más conveniente y que responda mejor a las demandas de la población.
Las consecuencias de la insolvencia fiscal no constituyen un conocimiento cuya comprensión esté fuera del alcance de aquellos que no son economistas o no tuvieron una formación universitaria. Se trata meramente de mostrar cómo, a lo largo de la historia argentina, los desequilibrios importantes en las cuentas públicas se encontraron íntimamente asociados a crisis económicas que provocaron grandes padecimientos, que podrían haber sido evitados, a vastos sectores de la sociedad. Esto se observa claramente, por ejemplo, si tomamos 3 eventos muy recordados de los últimos 50 años, como el Rodrigazo, la hiperinflación y la salida de la convertibilidad. En todos estos casos, en los años anteriores al inicio o al peor momento de la crisis, se registraron déficits financieros del sector público argentino (incluyendo provincias y municipios) en torno al 7% del PBI (6,53% en 1974, 7,04% en 1987 y 7,03% en 2001).
Dada la magnitud del desequilibrio fiscal actual, de no ser por el margen de financiamiento con el que cuenta, por su deuda pública relativamente baja en relación al PBI, y por el contexto internacional extremadamente favorable que existe, hoy nuestro país estaría atravesando o se encontraría al borde de una crisis comparable a aquellas. Debe aprovecharse esta segunda oportunidad que nos brinda el acceso al financiamiento internacional logrado por este gobierno para intentar evitar los errores y sufrimientos del pasado.
