Resulta sorprendente que, tras más de diez años de estancamiento económico, la estrategia electoral de la coalición gobernante para los comicios de noviembre incluya una parafernalia de señales que van totalmente en contra de la posibilidad del inicio de un proceso de crecimiento sostenido, una vez que la pandemia quede atrás.

Si uno repasa el conjunto de medidas y anuncios económicos de las últimas semanas, se encuentra con una batería de desincentivos para todo aquel que tenga algún proyecto de inversión para desarrollar en nuestro país, excepto para aquellas personas cercanas al poder.

El ejemplo más contundente y reciente de esto es la suspensión de las exportaciones de carne. ¿A quién se le puede ocurrir llevar adelante una inversión en el sector exportador, un área clave para las posibilidades de crecimiento sostenido de la economía como lo han demostrado los numerosos estrangulamientos externos con los que este sector ha chocado en las últimas décadas, si en cualquier momento el Gobierno puede, en forma completamente arbitraria, prohibir las ventas, no sólo frenando el flujo de operaciones sino también generando el riesgo de que los compradores externos cambien de proveedor?

La disputa entre el ministro de Economía Martín Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por las tarifas de gas y electricidad es otro ejemplo en este sentido. No sólo porque el resultado final de esta disputa –que fue una suba de tarifas menor a la pretendida por el ministro– demora el logro del equilibrio presupuestario del sector público, algo esencial para despejar el horizonte para los inversores, para que pudieran ver como lejanas la probabilidad de nuevas subas impositivas, sino también porque desdibujó completamente la imagen del funcionario, quien parece tener la idea más acertada respecto al rumbo que hay que tomar dentro de la administración.

En la misma línea se encuentra la aprobación en el Senado de una iniciativa que solicita a Guzmán que los fondos frescos que llegarán del FMI no se destinen al pago de deuda externa, sino que se utilicen para financiar políticas destinadas a resolver los problemas derivados de la pandemia.

En definitiva, uno siente que vive en El Reino del Revés cuando, en medio de una profunda crisis económica que se encuentra en su cuarto año, agravada por la pandemia, el Gobierno, en lugar de tomar un conjunto de medidas para incentivar la inversión y generar confianza en los inversores nacionales y extranjeros, y esperanzas en los trabajadores y consumidores, hace totalmente lo contrario: multiplica las dudas y los interrogantes, desacreditando al piloto en medio de la tormenta.

Pero lamentablemente estamos en Argentina y el único resultado de todo esto será demorar aún más la puesta en marcha de una economía que se encuentra en su nivel más bajo desde el 2009, con las consecuencias que esto tiene sobre el nivel de empleo, los salarios reales y la pobreza.