Muchos de aquellos que, con la llegada de la nueva administración, esperaban un avance firme y convencido hacia el reordenamiento de la economía deben estar archivando sus ilusiones para el futuro, a juzgar por los eventos que, día tras día, se van conociendo.
Por si quedaba alguna duda de que el Gobierno había decidido postergar para más adelante la solución del enorme déficit fiscal que heredó y que se yergue como una espada de Damocles sobre el futuro de la economía, en los últimos días abundan las noticias para convencerse de que esto es un hecho. Es el caso, por ejemplo, del resultado de la recaudación impositiva de julio, con un aumento interanual del 23,4% contra una inflación superior al 40%, producto, principalmente, de la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias; la devolución de los 29 mil millones de pesos a las obras sociales; o las importantes trabas que viene enfrentando el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
Mientras tanto, mes tras mes se van diluyendo las ganancias que la salida del cepo cambiario y la devaluación le había generado al sector de bienes transables de la economía, con un dólar que en lo que va del año aumentó alrededor de un 14%, contra una inflación, en el mismo período, superior al 30%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado publicado por el Banco Central, se espera para fin de año un dólar de 16,2 pesos. Difícil imaginar, dado el contexto actual, una cifra superior a esa y bien podría ubicarse por debajo, de acuerdo a lo que suceda con el blanqueo de capitales y las decisiones que tome la autoridad monetaria con relación a la tasa de interés, en el marco de su lucha solitaria contra la inflación. Pero, aun suponiendo que la divisa alcance ese valor, estaríamos hablando de un tipo de cambio real comparable con el de finales de 2011, el año en el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner instauró el cepo cambiario para hacer frente a la pérdida de reservas internacionales que estaba sufriendo. Resulta fundamental aumentar la competitividad de la producción argentina, de modo de incrementar las exportaciones y generar las divisas necesarias para adquirir los bienes y servicios que requiere nuestra economía y hacer frente a nuestros compromisos internacionales sin depender del financiamiento externo. Por lo tanto, que la administración venga perdiendo terreno de esta manera en un área en la que había logrado avances importantes y había asumido costos mayores es desalentador.
El Gobierno puede esgrimir en su favor un clima más favorable para los negocios y una retórica más amigable respecto a la iniciativa privada que la de su antecesor, pero no parece que esto sea suficiente para poner en marcha un proceso de inversión vigoroso en los sectores estratégicos de la economía. Y, en la medida en que eso no suceda, las autoridades económicas pueden verse obligadas por las exigencias electorales a ocupar el vacío con mayor gasto público o agudizando el atraso cambiario, amenazando con agravar los problemas estructurales existentes a fin de satisfacer las necesidades políticas inmediatas.
Todo indicaría, entonces, que aquellos optimistas y bienpensados que creyeron que, por primera vez en nuestra historia, el sistema político argentino brindaría una solución a los problemas de la economía sin verse obligado a hacerlo por la explosión de una nueva crisis, deberán esperar hasta después de las elecciones legislativas del año que viene para renovar su esperanza.
