Todos aquellos que en 2019 votaron a Alberto Fernández con la expectativa de que en el ámbito económico fuera a desarrollar un planteo propio, más parecido al del gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 que al del intervencionismo extremo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, del 2011 al 2015, fueron comprobando a lo largo del 2020 cómo la realidad se alejaba cada vez más de aquello que esperaban.
Con el reciente cierre de las exportaciones de maíz, la administración de Alberto Fernández terminó de desplegar en forma completa la parafernalia que se había empleado entre 2011 y 2015 con el fin de obtener beneficios políticos de corto plazo pero con graves consecuencias sobre las perspectivas de crecimiento de la economía, que, aun antes del estallido de la pandemia de COVID-19, se encontraba en un nivel inferior al del 2011.
Ya resulta imposible identificar diferencias entre la manera de gestionar la economía de hoy y la de aquellos años del segundo mandato de CFK. A lo largo del 2020 se fue cerrando cada vez más el cepo cambiario y, por lo tanto, incrementando la brecha entre el dólar oficial y el libre, se subieron las retenciones a las exportaciones, se incorporaron restricciones a las importaciones y controles de precios, se multiplicaron los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, retornó la regulación de las tasas de interés del sistema financiero y ahora se completó el esquema con el cierre de las exportaciones de maíz y la amenaza latente de volver a utilizar este recurso cuando el precio de algún bien de la canasta básica no resulte satisfactorio para las autoridades.
Estas políticas tienen un efecto muy nocivo sobre el sector exportador. Por ejemplo, el cepo cambiario tiende a generar una paridad entre la moneda extranjera y la doméstica que le es desfavorable al mismo tiempo que desalienta la inversión extranjera. Las restricciones a las importaciones plantean dudas sobre al abastecimiento y precio de los insumos que requiere. Ni hablar de la amenaza de prohibiciones a las ventas en el exterior y las elevadas retenciones, que además pueden subir en cualquier momento ante la necesidad de tener que cerrar el enorme agujero fiscal.
La forma en la que este tipo de medidas desincentiva las exportaciones se observa en la evolución que tuvieron en los últimos diez años. Tras alcanzar un máximo de 83.000 millones de dólares en 2011, cayeron en los años siguientes, a medida que se iba levantando el aparato intervencionista, y llegó a 57.000 millones en 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri, durante el cual se fue desarmando dicho aparato, volvieron a subir, y alcanzaron los 65.000 millones en 2019, pero en el 2020 se contrajeron nuevamente, y llegaron a sumar alrededor de 55.000 millones.
Una vez que la pandemia quede atrás, para que la economía pueda arrancar vigorosamente, se necesita un sector exportador funcionando a todo su potencial. Por lo tanto, en este 2021 podrá haber un rebote como el que espera el Gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre, en la medida en que no se tenga que apelar nuevamente a medidas tan restrictivas para la circulación de personas y bienes como el año pasado, pero el crecimiento genuino difícilmente llegue mientras el aparato intervencionista del período entre 2011 y 2015 que se ha levantado nuevamente durante el último año siga en pie.
