Todo indicaría que el Gobierno va a intentar demorar la solución de los numerosos problemas que enfrenta la economía argentina, al menos, hasta después de las elecciones, y extenderá por varios meses más la incertidumbre que viene paralizando la inversión privada desde el segundo semestre del 2018.
Según los datos del Indec, la inversión cayó en forma interanual en forma ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020, último dato publicado, es decir nueve trimestres consecutivos. En ocho de esos trimestres las caídas fueron superiores al 10% y en tres, superiores al 20%, y sólo uno de ellos fue durante la pandemia. Por lo tanto, a la importante pérdida de ingresos que hubo por la subutilización de la capacidad instalada, hay que agregar aquellos que se pierden por no haberse realizado las inversiones que se habrían llevado adelante en un contexto político y económico más favorable.
Se trata de una gran tragedia económica, que tiene su expresión estadística más cruenta en un nivel de pobreza que en el primer semestre del año pasado superó el 40%.
Más allá de los efectos indudables de la pandemia, la causa que está en el fondo de esta tragedia es la grieta que atraviesa a la sociedad argentina y le impide ponerse de acuerdo en torno a un esquema económico que genere un horizonte previsible para todos aquellos actores dispuestos a invertir en el país. La grieta implica movernos cada cierta cantidad de tiempo de un modelo de país a otro distinto, lo que desalienta cualquier proyecto de inversión.
La difícil situación en la que nos encontramos actualmente debe servir como un estímulo para buscar las coincidencias que, sin duda, existen. En Argentina hay una clara mayoría de la población a favor de un Estado presente, que asista a los sectores más vulnerables y que ofrezca una salud y una educación pública de calidad en el marco de una economía capitalista. Pero para que esto sea posible el financiamiento de ese Estado no debe asfixiar a la actividad privada. No es una cosa o la otra. Por eso, se debe castigar a los políticos cuando debilitan al Estado pero también cuando llevan adelante políticas que perjudican al sector privado y desalientan la inversión.
Si bien ese consenso es posible, esta visión no parece estar prevaleciendo en este 2021. A juzgar por dos de los principales temas en la agenda económica de estas primeras semanas del año (las modificaciones al impuesto a las ganancias y la reducción en los aumentos de las tarifas de los servicios públicos previstos inicialmente), los políticos interpretan que la clase media argentina está más preocupada por tener unos pesos más en el bolsillo que por la existencia de un programa económico que genere las condiciones necesarias para que las empresas inviertan y generen nuevos puestos de trabajo. Esperemos no tener que caer mucho más abajo para que la sociedad se despierte y encuentre el rumbo que ha perdido.
