Las medidas anunciadas por el Gobierno a mediados de septiembre y comienzos de octubre para frenar la caída de las reservas internacionales del Banco Central pusieron en clara evidencia la resistencia a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria.

El enorme gasto público, que llegó a superar el 40% del PBI en el 2015, y la dificultad para financiarlo se encuentran detrás, primero del estancamiento de la economía que se inició en el 2012 y, segundo, a partir del 2018, de la profunda crisis que fue agudizada por la pandemia de COVID-19. 

Sin embargo, excepto el intento obligado por las circunstancias de la administración de Mauricio Macri en su última etapa, la clase política argentina se resiste año tras año a abordar la solución que el problema exige: alcanzar, de una vez por todas, el equilibrio de las cuentas públicas.

Y, tanto las medidas que se vienen tomando como las afirmaciones de los funcionarios, por ejemplo la del ministro de economía Martín Guzmán, quien días atrás señaló que la reducción del gasto público “no es a lo que apuntamos”, parecen indicar que una vez más la reducción del déficit fiscal se dará a través de la inflación. Y si esto, efectivamente, termina siendo así, entonces el ministro le habrá mentido una vez más a la sociedad argentina. Porque si en los próximos meses el gasto público crece por debajo de la inflación el Gobierno va a estar recortándolo en términos de lo que se puede comprar con ese gasto público, por más que no se reduzca nominalmente. Estará haciéndolo en forma encubierta, tal vez echándoles la culpa a “los empresarios especuladores que aumentan los precios”.

Es notable cómo la mentira de la inflación continúa siendo eficaz 70 años después del inicio de la historia inflacionaria de la Argentina. Y no es sólo que hay una parte importante de la clase política completamente acostumbrada a mentir en relación a este tema sino también un porcentaje alto de la población que acepta esas mentiras sin titubear. 

Si, como todo parece indicar, se elige el camino de la solución inflacionaria para el problema fiscal, se corre el riesgo de entrar en un conflicto distributivo, con una carrera de precios y salarios que va a impedir generar las condiciones necesarias para que la economía comience a recuperarse.

Al final del día, lo que se requiere es encontrar un nivel del gasto público que pueda ser financiado con una carga tributaria que no elimine los incentivos para la inversión privada. Sólo así la economía volverá a crecer en forma sostenida.