Rehenes de una disputa por el poder
En estas semanas traumáticas que venimos atravesando, que se agregarán a la atiborrada crónica de bochornos económicos de nuestro país, una cosa debe quedar completamente clara: más allá de los problemas que aun presenta la economía, los sucesos que estamos viviendo son el resultado de una disputa política en la que los participantes en ningún […]

16 Sep, 2019

En estas semanas traumáticas que venimos atravesando, que se agregarán a la atiborrada crónica de bochornos económicos de nuestro país, una cosa debe quedar completamente clara: más allá de los problemas que aun presenta la economía, los sucesos que estamos viviendo son el resultado de una disputa política en la que los participantes en ningún momento repararon en los graves riesgos a los que estaban exponiendo a la economía y a la población.

 

Tanto desde el Gobierno como desde la oposición no se tomaron las medidas necesarias para evitar este desenlace que profundiza la inestabilidad de la economía y genera un desperdicio innecesario de las reservas del Banco Central. El oficialismo debería haber contemplado el riesgo que entrañaban unas elecciones primarias que no resolvían nada pero que si producían un resultado negativo generaban un vacío de poder excesivamente prolongado. También fue corresponsable en la generación del pánico que despierta la perspectiva de un gobierno de Alberto Fernández en algunos sectores de la población. La oposición por su parte sacó el mayor partido posible de la indefinición de su postura en materia económica Apuntalada por la crisis económica y por un marco institucional que no impone restricciones, convenció a propios y extraños de que cualquier cosa es posible a partir del 10 de diciembre. 

 

Esta experiencia tan desafortunada debe impulsar a la sociedad en general y a la dirigencia política en particular a generar un marco institucional que modifique estas reglas de juego perversas según las cuales cualquier cosa puede suceder en materia económica con un cambio en el signo político de un gobierno.  

 

Y en este marco institucional, el compromiso por la solvencia fiscal debe ocupar un lugar de privilegio y ser garantizado con todas las herramientas legales que sea posible formular. El déficit fiscal es el responsable último de todas las crisis económicas que vienen asolando a nuestro país durante los últimos 45 años. Si uno observa las crisis de 1975/6, 1981/2, 1988/90, 1999/02 y la actual, en todos los casos va a encontrar en los años precedentes un deterioro de la situación fiscal y dificultades crecientes para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. Y en la actualidad, cuando parecía que el Gobierno venía avanzando hacia la corrección del problema fiscal, la crisis se desató nuevamente con la victoria de Alberto Fernández en las PASO, que hizo resurgir con fuerza las dudas acerca de que las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre van a utilizar todos los medios a su alcance para generar un resultado positivo y sostenible en los próximos años.

 

Toda crisis entraña una oportunidad y la que aparece claramente en esta ocasión es la de generar los consensos que han sido esquivos hasta aquí para lograr los acuerdos básicos necesarios para brindar cierta previsibilidad respecto al futuro de la economía. Si no aprovechamos esta oportunidad, muy posiblemente continuaremos en esta espiral descendente por la cual venimos cayendo en las últimas décadas, que nos aleja cada vez más de los países exitosos y nos acerca a aquellos que alguna vez creímos haber dejado atrás.

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