En estos primeros meses del año se ha observado un claro cambio de estrategia por parte del Banco Central en el manejo del dólar oficial. Mientras que a lo largo del 2020 la entidad monetaria permitió una suba que estuvo alineada con la evolución de la inflación, en este 2021 la cotización oficial viene perdiendo en forma creciente contra el aumento de los precios (creció sólo un 0,2% menos en enero, pero subió a un 0,7% menos en febrero y un 1,6%, en marzo).

Se trata de un tema recurrente en los años electorales a lo largo de la historia económica argentina y que tuvo una expresión reciente durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. El dólar se atrasó de manera significativa durante el 2011, y terminó con el establecimiento del cepo cambiario. Volvió a atrasarse durante el 2013, para pegar un salto luego de las elecciones legislativas de ese año, con un aumento de más del 35% en los tres meses posteriores. Y en el 2015 nuevamente se rezagó contra la inflación, con un importante sacrificio de las reservas del Banco Central, que cayeron más del 26% entre finales de julio y principios de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno.

La lógica es sencilla: sin considerar el efecto de otras variables, un dólar que avanza por debajo de la inflación permite que los salarios tiendan a subir por encima de ella, lo que enera una oportuna ganancia en el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores de cara a las elecciones.

Si bien esta es una estrategia que puede resultar tentadora, simpática, y posiblemente inevitable en un contexto económico normal, es muy cuestionable por la grave situación que estamos atravesando actualmente, con una pobreza del 42% y con una inversión que se contrajo interanualmente en los últimos tres años, con una caída acumulada cercana al 40%.

La caída del dólar en términos reales se suma a la serie de desincentivos que hoy existe para la inversión en el sector exportador, que es la vía rápida de salida al crecimiento y para la recuperación del empleo, los ingresos y la reducción de la pobreza. Es un nuevo signo de interrogación para una ecuación de rentabilidad que ya enfrenta la amenaza constante de nuevos tributos para bajar un déficit fiscal enorme, la maraña de regulaciones laborales y las dudas permanentes sobre la disponibilidad y precios de los insumos necesarios para llevar adelante cualquier proyecto productivo.

Teniendo en cuenta todo esto, uno esperaría ver en la sociedad y en sus representantes un sentido de urgencia que no resulta evidente. Puede ser que la virulencia de la pandemia y el éxito del relato oficial en adjudicar todos los males económicos a ella, y a la gestión anterior, hayan instalado una sensación de resignación en la población. Seguramente, las elecciones legislativas nos darán una respuesta.