En estas primeras semanas del nuevo gobierno parece haber primado la sensatez y, lejos de las soluciones de shock que algunos proponían, se va en busca de un huidizo equilibrio: se trata de ir lo más lejos posible con las medidas que la economía requiere para salir de su prolongado letargo distribuyendo los costos de una manera tolerable para los distintos sectores, de modo de asegurar la paz social y garantizar un rumbo económico sostenible.
Pueden estar ansiosos aquellos que esperaban que en estas primeras semanas se avanzara con mayor decisión sobre problemas acuciantes y de gran trascendencia, como el elevado déficit fiscal, o que consideran que el valor del dólar oficial no es lo suficientemente alto como para incentivar a ciertos actores productivos a poner nuevamente manos a la obra o continúa siendo inconsistente con la enorme masa de pesos que emitió en los últimos años el Banco Central para cubrir las necesidades del Tesoro. Pero es indudable que si el Gobierno hace mal sus cálculos e intenta extraer de los sectores equivocados más de lo que éstos están dispuestos a ceder, el escenario se puede complicar fácilmente y las buenas expectativas que muchos tienen se pueden esfumar rápidamente.
El caso paradigmático es el que plantea el frente sindical. Con la eliminación de las retenciones y la devaluación y las subas de las tarifas de los servicios públicos que se prevén, las autoridades económicas le están aplicando una quita al poder adquisitivo de los salarios. Con el diálogo y los compromisos apropiados, es de imaginar que los líderes sindicales pueden estar dispuestos a aceptar una merma en el mismo pero esto tiene un límite y, si no se identifica correctamente, la situación puede desembocar en una alta conflictividad laboral o en un nivel de aumentos salariales que le ponga un piso muy elevado a la inflación o que empuje al Gobierno a embarcarse en una política monetaria excesivamente contractiva para someterla.
En cualquier caso, estamos hablando de todos escenarios poco compatibles con una recuperación sólida de la economía, que dependerá esencialmente de que se pueda trazar un programa consistente, que brinde un horizonte de rentabilidad para los diversos sectores que en los últimos años se han visto paralizados por un modelo que priorizó las necesidades políticas por sobre la viabilidad económica.
Desde ya, ninguno de estos escenarios resultaría alentador tampoco para las posibilidades electorales del partido gobernante en las elecciones legislativas del 2017.
En definitiva, se trata de acertar en un delicado equilibrio sabiendo que, a diferencia de otros momentos complicados de la historia económica argentina, se cuenta con un margen de financiamiento disponible que permite ir dosificando los costos a lo largo del tiempo.
