Los datos fiscales que se publicaron a finales de mayo fueron poco auspiciosos. Ya sin la ayuda de los ingresos por el blanqueo, el déficit primario aumento un 71% y el total (incluyendo los intereses de la deuda), un 187%. Este resultado deja en claro que aun cumplir el objetivo poco ambicioso planteado para este año (un déficit primario del 4,2% del PBI) no va a ser un trámite. Ni hablar de las metas que anunció meses atrás el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para el 2018 y 2019 del -3,2% y -2,2% del PBI, respectivamente.
En este contexto, resulta evidente que si la clase política, no sólo este gobierno, pretende continuar enfrentando el problema fiscal en forma gradual, estas próximas elecciones presentan una oportunidad única para lograr un mínimo grado de concientización por parte de la población acerca de qué es lo que está en juego cuando se habla de una cuestión que, para la gran mayoría, suena completamente abstracta.
Si no se logra avanzar en la reducción del déficit fiscal, se lo hace en forma excesivamente lenta o hay un cambio en las condiciones internacionales, en algún momento los inversores que hoy suscriben las emisiones de deuda, tanto de la Nación como de las provincias argentinas, permitiendo de este modo realizar el ajuste de las cuentas públicas en forma gradual, van a empezar a tener dudas sobre la capacidad de repago de esas colocaciones. Y cuando eso suceda no quedará otra opción que la solución de shock, voluntaria o involuntaria, de gran costo político y social.
No es intención de los economistas ser pesimistas incorregibles, pero la historia es muy elocuente en este sentido. Los déficits fiscales elevados están íntimamente ligados a períodos traumáticos. Si uno toma las últimas 4 crisis económicas de nuestro país (1975, 1981, 1988 y 1999, de acuerdo al año en el que se inició la caída de la actividad), en todos los casos, excepto el último, el déficit fiscal del sector público argentino, es decir, incluyendo provincias y municipios, el año anterior a cada estallido de las crisis superaba el 6% del PBI. Este fue de 6,5% en 1974, de 6,5% en 1980 y de 7,0% en 1987. Incluso, si consideramos como el inicio de la última crisis el 2002, el año en el cual la misma se espiralizó con una contracción del 10,9% del PBI tras el default y la salida de la convertibilidad, encontramos un déficit del 7,0% del PBI en 2001.
Este año el resultado fiscal equivalente (sumando los intereses de la deuda y el déficit de provincias y municipios a la meta del 4,2%) cerrará en torno a esos niveles, 6% o 7% del PBI. Esto no significa que el año que viene vaya a haber una crisis, precisamente porque existe margen para financiarlo, pero los antecedentes históricos sirven para vislumbrar a dónde lleva este camino si se mantiene el rumbo.
Se trata entonces de que la clase política incorpore estos datos en el debate electoral de las próximas semanas. Todos tienen buenas razones para hacerlo: el Gobierno, porque podrá explicar mejor los objetivos que se ha planteado de reducción del déficit fiscal y porque dotará de mayor legitimidad las medidas impopulares que tenga que tomar para cumplirlos; y la oposición, porque debe saber que muy posiblemente le toque su parte en la solución de este problema si llega a la presidencia en 2019 y, tal vez, no le convenga intentar sacar una ventaja política de un asunto que luego pueda volverse en su contra.
