El notable éxito del blanqueo de capitales, que se cerró con la formalización de activos por 116.800 millones de dólares, superó con holgura los pronósticos iniciales más optimistas y puso en evidencia, una vez más, la existencia de múltiples facetas contradictorias en la economía argentina que el Gobierno no logra amalgamar.
La administración despierta la simpatía, la confianza y el apoyo de importantes sectores del empresariado local y extranjero, algo que sin dudas se cristalizó en la predisposición de buena parte de quienes tenían una porción de su patrimonio no declarado para sincerarlo (un hecho también favorecido por el contexto internacional). Sin embargo, esa simpatía, confianza y apoyo no terminan de transformarse en las inversiones productivas que la economía necesita con desesperación para lograr arrancar tras 5 años de estancamiento.
La evolución de la inversión total a lo largo del 2016, de acuerdo a los datos del Indec, es una evidencia contundente de este punto, ya que fue el componente de la demanda global que más cayó en todo el año, con el 5,5%. Peor aún: las caídas más fuertes se registraron en los 2 últimos trimestres, con 8,2% y 7,7% respectivamente.
Y es que mes a mes las estadísticas confirman la percepción que uno tiene: si bien el Gobierno parece tener la vocación de ir en el rumbo adecuado y el diagnóstico correcto para hacerlo, le falta el poder político, la convicción, el coraje o, sencillamente, no termina de encontrar el timing para ir a fondo con las medidas que la economía requiere para retomar la senda del crecimiento.
En su afán por bajar lo más rápidamente posible la inflación, se muestra indiferente o se resigna a la profundización del atraso cambiario, que enturbia las perspectivas de inversión para todos aquellos sectores que compiten en el mundo, quienes, además, observan con preocupación cómo sus costos crecen más que los precios de los bienes y servicios que producen. Mientras tanto, el Gobierno no avanza con la decisión que se requiere hacia la reducción de la carga tributaria, que sigue teniendo en nuestro país una participación en el PBI significativamente más alta que en el resto de los países de la región y que aplasta la rentabilidad empresaria. El contexto político tampoco ayuda: ningún sector de la oposición muestra consenso con el rumbo elegido ni plantea modificaciones en la dirección correcta.
Es indudable que, con este panorama, aun con la mayor empatía hacia este gobierno, los empresarios no se van a lanzar masivamente a poner en marcha proyectos de inversión. Sino que continuarán llegando en cuentagotas y, muy probablemente, no serán suficientes para darle a la economía el vigor que requiere para los próximos años.
El Gobierno tiene una extraordinaria oportunidad para modificar esta situación en las próximas elecciones. Si logra una adhesión lo suficientemente amplia, podrá brindar un horizonte algo más claro a los inversores y ganar la confianza que necesita para avanzar con mayor decisión con las medidas que hoy se necesitan. Pero deberá esforzarse bastante más para convencer a la sociedad de que estamos bien encaminados y que la alternativa nos lleva directo al precipicio.