El 23 de octubre, el día después de las elecciones de medio término, se inicia un período crucial para la economía argentina. Para el gobierno será, indudablemente, una etapa más complicada que estos dos años que han pasado, en los cuales, en gran parte por falta de experiencia, se fue innecesariamente a los tumbos para obtener los resultados que están a la vista.
Lo cierto es que, como hemos señalado en este espacio en más de una oportunidad, más allá de los importantes avances que se lograron hacia a la normalización del funcionamiento de la economía, hay variables macroeconómicas esenciales que hoy se encuentran en una situación prácticamente similar a la de diciembre de 2015. Es el caso del déficit fiscal, que este año va a terminar en torno al 7% del PBI (si se consideran los intereses de la deuda pública y los desequilibrios provinciales); y el atraso cambiario en el que, tras el incremento significativo que tuvo el tipo de cambio real luego de la salida del cepo, la inflación le viene ganando en forma casi ininterrumpida a la evolución del dólar. Los resultados de esto ya se están viendo en las cuentas externas, con un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares en agosto. Si se exceptúa el caso particular de diciembre de 2015, se trata del saldo negativo mensual más elevado desde 1990, año en el que se inicia la serie que publica el Indec.
Es decir, que el Gobierno tras un inicio en el que, con el objetivo aparente de resolver estos problemas, se atrevió a tomar medidas de alto impacto sobre los ingresos, como la mencionada salida del cepo y la devaluación que ésta provocó, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la suba de las tarifas de los servicios públicos, y amenazó con una reestructuración importante del Estado, tal vez sintiéndose amparado por “la herencia recibida”, está llegando a la mitad del mandato muy cerca del punto de partida.
Ya sin el recurso de los ingresos extraordinarios del blanqueo de capitales que se obtuvieron el año pasado y éste, las autoridades económicas deberán cumplir sí o sí con el objetivo de déficit primario del 3,2% del PBI establecido para el año que viene y del 2,2% del PBI, para el 2019. Y esto posiblemente implique tomar decisiones sensibles, dependiendo de lo que suceda con una economía que no tiene el crecimiento asegurado, ya que se puede encontrar con la dificultad de una alta tasa de interés real si el Banco Central se empecina en alcanzar las metas que fijó para los próximos dos años, y todo indica que deberá seguir soportando la carga de un tipo de cambio atrasado que le pone un claro límite a la expansión de las exportaciones y de aquellos sectores que enfrentan la competencia de la producción extranjera.
En definitiva, en la segunda etapa del mandato tendremos una prueba de carácter para la administración de Mauricio Macri. Parece inevitable, si se pretende dejar a la economía bien encaminada al final de la gestión, que se deberán tomar medidas que tendrán un impacto en los ingresos de la población o que generarán una pérdida inicial de puestos de trabajo. Y cada vez quedará más lejos en el tiempo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para echarle la culpa.
